Los minibonds ya existen. Pero no pueden ser usados para pagar las deudas de la Administración Pública. Quizá, con el ansía de “italianizar” todo, alguien, por conveniencia, quiere confundir los minibonds con los “mini-bots”.
Para los lectores no italianos, los “mini-bots” (“bot” viene de Buoni Ordinari del Tesoro, notas comunes del Tesoro italiano) son certificados de deudas vencidas, de bajo valor, tasa cero y sin plazo de vencimiento, una polémica propuesta del actual gobierno para pagar parte de la deuda pública.
Para los no especialistas, los minibonds puede hasta rimar con los mini-bots, pero ellos tienen valores completamente diferentes. Los primeros son instrumentos de crédito para promover inversiones y desarrollo; los últimos, en vez de esto, serían una forma adicional y no justificada de creación de liquidez para el pago de las deudas del gobierno, ya cubiertas por dotaciones presupuestales anteriores, bastando controles más rigurosos y respeto a las decisiones.
Se ha hablado mucho en los últimos años de los minibonds. Son instrumentos de financiamiento innovadores para empresas que no cotizan en las bolsas de valores, en particular para las PMES (pequeñas y medianas empresas) con facturación superior a 2 millones de euros, las cuales necesitan capital, créditos y liquidez para apoyar sus programas de desarrollo e investigación, modernización tecnológica y expansión de actividades y mercados, inclusive en el exterior. Además, permitiría a las empresas tener acceso a los mercados de capitales además de crédito bancario, un poco más restringido.
En otras palabras, los minibonds deben ayudar a las empresas a producir riqueza real y aumentar el PIB y los empleos, amén de crear estabilidad económica y social y reducir el pesado fardo de la deuda pública.
Por desgracia, hasta ahora, tuvieron un uso limitado, no pasando de 7 mil millones de euros en 2017.
Otra propuesta en la misma línea son los eurobonos, de los cuales ya hemos comentado varias veces. Serían obligaciones garantizadas conjuntamente por todos los Estados miembros de la zona del euro. Tendrían tasas de interés reducidas, con efectos estabilizadores con relación al presupuesto y a cualesquier presión de los mercados financieros, además de poder crear un único mercado de títulos europeos, con peso suficiente para evitar ataques especulativos.
Sin embargo, los eurobonos nuca se concretaron, en parte, debido a la oposición de algunos países europeos, particularmente Alemania, decididamente contraria a la mutualización de los riesgos resultantes de la deuda pública de los Estados más endeudados. Comprensiblemente, las hormigas industriosas no gustarían pagar por las cigarras gastadoras, como nos cuenta la fábula.
En perspectiva, sin embargo, creemos que a solución para esta controversia sigue siendo la cuestión central para la realización del proyecto monetario europeo.
En beneficio de todos los países de la Unión Europea (UE) se podría emitir eurobonos vinculados al financiamiento de proyectos, es decir, títulos necesarios para agregar recursos para inversiones en infraestructura, nuevas tecnologías y sectores de investigación. Naturalmente, serían instrumentos de largo plazo, útiles para atraer inversiones institucionales que no son motivados por la lógica especulativa y de corto plazo.
Bajo esa óptica, se ubica también un plan de Inversiones para Europa, utilizando el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), para proveer una garantía, con base en el presupuesto de la UE, al Banco Europeos de Inversiones (BBEI), permitiéndole dar financiamiento para más proyectos de los que hay actualmente. Recuérdese que el plan en cuestión, que ahora sigue con el InvestEU Fund, también abierto a inversionistas privados, tiene la ambiciosa meta de disponer de 650 mil millones de euros de aquí hasta el 2027, para inversiones en sectores clave de infraestructura, medio ambiente, eficiencia energética, tecnología digital, investigación, salud y educación. Los dos objetivos principales previstos son las innovaciones y la creación de nuevos puestos de trabajo.
A esto, se debe sumar el compromiso, hoy generalmente compartido, más no concretado, de separar los gastos con inversiones productivas de los cálculos del déficit público, la famosa “regla de oro”, como lo hemos defendido repetidamente.
Parece evidente que la concretización de las propuestas tendría un efecto positivo sobre el crecimiento económico y el empleo en la UE e, igualmente, implicaría en una reducción realista de los niveles de endeudamiento público en algunos países.
En nuestra opinión, esas son las cuestiones sobre las cuales Italia debe concentrarse, en un diálogo político y programático con Bruselas.
En estas cuestiones reales, también es posible establecer alianzas con otros países interesados, de Grecia a Alemania.
Con amagos, ultimátum y confrontaciones musculares inútiles, no se crean acuerdos ni espacio para el desarrollo. En torno de nuestro interés nacional, que en verdad es también europeo, pueden establecerse las bases para la realización de un bien común efectivo.
